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Gobierno presenta 4 documentos para descartar que compró gases lacrimógenos con intermediarios y sobreprecio

 

Sostiene que se utilizó un documento fraguado en la denuncia y que la empresa Cóndor no tiene representante en Bolivia y por eso la derivó Bravo Tactical Solutions. Descarta sobreprecio, porque se utiliza una cotización venezolana de un material más pequeño y más simple

 

Luis Marcelo Tedesqui Vargas/EL DEBER

 

El Gobierno presentó anoche a EL DEBER cuatro documentos para sostener que no hubo intermediarios ni sobreprecio en la compra de cartuchos de gases lacrimógenos realizada por el Ministerio de Defensa el 19 de diciembre del año pasado. Además, precisó que uno de los documentos presentados en la denuncia es fraguado, por lo que pedirá que se realicen pericias, para determinar si se utilizó un instrumento falsificado.

La noticia fue difundida por el programa “Detrás de la verdad” de la red Gigavisión, que dirige el periodista Junior Arias. Los documentos exhibidos establecen que el Ministerio de Gobierno envió, el 25 de noviembre, una carta a la empresa Cóndor en Brasil, solicitando una propuesta para la compra de agentes químicos, pólvora y balines de goma. Pero al día siguiente, el 26, la misma repartición de Estado informa a la empresa que la compra no se haría de manera directa, sino a través de una intermediaria, la compañía Bravo Tactical Solutions LLC, establecida en Miami, EEUU.

Los ministerios de Gobierno y Defensa, presentaron una misiva, fechada el 17 de diciembre de 2019, en Río de Janeiro y dirigida al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. En el documento, suscrito por Lucimara Costa Souza (International Manager-Americas, Cóndor S/A industria química), le informa a Murillo que esa empresa “no tiene representante en Bolivia. Sin embargo, confirmamos que Bravo Tactical Solutions está autorizado a firmar contratos, representar, preparar, negociar y concluir ofertas de ventas de municiones y equipos no letales, con las FFAA, aéreas y policiales de Bolivia, relacionados a nuestra oferta 259/19 con fecha de 9 de diciembre de 2019, y la carta de representación 654/19, firmada en la fecha de 10 de diciembre de 2019”.

El Ministerio de Defensa presentó, además, una serie de correos electrónicos entre el jefe de la unidad administrativa de esa repartición, Álvaro Torrico Santiesteban y Lucimara Costa Souza, la manager (gerente) para las Américas de la empresa Cóndor, el 1 de junio de 2020. Primero, le solicita su colaboración para enviar características físico/químicas de los gases GL 300 y en la primera respuesta, la ejecutiva adjunta fichas técnicas de los productos solicitados.

Luego, el funcionario prepara una lista de artículos y pide cotizaciones. En el correo de las 10:58, Costa Souza, informa a Torrico: “Ya estamos trabajando en esta oportunidad con nuestros distribuidores en Bolivia, Bravo Tactical group, los mismos que hicimos la última venta al Ministerio” (sic)

Por la noche, a las 19:03, Bryan Berkman, de Bravo Tactical Solutions agradece el correo y el interés en los productos. “Como representantes de Cóndor, sería un placer cotizarle los productos mencionados. En orden para mandarles la cotización, se requiere saber cantidades de cada uno. En cuanto nos haga saber, le enviaremos la cotización formal con tiempos de entrega”.

El documento ‘fraguado’
Sus fuentes le entregaron al programa del periodista Junior Arias un documento, fechado el 26 de noviembre de 2019, dirigido «a quien corresponda”, en Cóndor Tecnologías no letales.

El documento, dice que el Estado Plurinacional de Bolivia, “viene atravesando diferentes manifestaciones sociales por distintas circunstancias o sucesos que se producen en ciudades capitales, ciudades intermedias y poblaciones del territorio nacional…”.

Complementa que por esta razón se tomó la decisión de realizar la adquisición de productos no letales «por excepción de vuestra empresa, el mismo que será a través de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC y no así con otra empresa, representante y/o distribuidor que ustedes tuvieran en Bolivia. Esta decisión se la ha tomado por la imperiosa necesidad que se tiene para poder adquirir productos no letales y dotar a nuestras fuerzas de seguridad pública (Policía Nacional y Ejército Nacional) sin demoras ni dilaciones”. Firma el director general de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Zamora Bascopé.

Este documento, tiene el CITE MG/DGAA/ No. 1463/2019. Según el orden de la correspondencia del Ministerio de Gobierno, el CITE MG/DGAA/ No. 1463/2019
corresponde a otro documento.

Se trata de una nota escrita por Sergio Zamora Bascopé, pero al viceministro de Régimen Interior y Policía, Roberto Daniel Humérez, en la cual remite una nota interna, presentada por la unidad administrativa a través del área de servicios, referente a la “adquisición de agentes químicos para la Policía Boliviana a nivel Nacional», y en la que le solicita que “se proceda como corresponda” para lo que remite el proceso “consistente en un archivador de palanca”. Esa comunicación está fechada y tiene sello de recepción el 25 de noviembre de 2019.

El Ministro de Defensa, Fernando López, adelantó que, en las próximas horas, pedirá que ambos documentos sean sometidos a las pericias, para verificar si las fuentes del periodista de Gigavisión le entregaron un documento fraguado.

Un agravante de este caso, según el reporte de Detrás de la verdad, es que el padre del representante de la supuesta empresa intermediaria, Luis Berkman, tiene amistad con Sergio Méndez, Director general de asuntos administrativos, identificado por Arias como jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, según fotos exhibidas en el programa. Méndez aparece también en muchas fotografías con autoridades de Gobierno, incluida la presidenta Jeanine Áñez.

Según una nota del periodista Raúl Peñaranda, de Brújula Digital, publicada por Página Siete, titulada “Compra de gases lacrimógenos amenaza con ser un escándalo más grave que el del caso ventiladores”, el ministro Murillo también «parece conocer» a Berkman ya que lo sigue en la red social Twitter. Mientras que sostiene que otro agravante del caso es que esta persona (Berkman) fue acusada de tráfico de armas y cohecho, estuvo detenido en Palmasola en 2001, antes de trasladarse a EEUU. 

El Gobierno, consideró que todas esas acusaciones no tienen sustento, y conminaron al periodista Arias a que lo demuestre con papeles, y sin sacar conclusiones que “no puede probar”. De hecho, el despacho de Murillo, presentó una denuncia en contra de Arias, ante el tribunal de ética periodística y se pudo conocer que Sergio Méndez, el jefe de gabinete, asumirá acciones legales por su parte.

El ‘sobreprecio’

“Detrás de la Verdad” obtuvo el contrato por el que, el Gobierno de Venezuela, había comprado los mismos agentes químicos a la misma empresa brasileña Cóndor, a menos de la mitad de precio cada uno (entre 14,50 y 15,50 euros, entre 111 y 118 bolivianos).

Con este contrato, sostuvo la teoría de que si el Gobierno de Bolivia hubiera comprado esos productos sin intermediarios a la empresa Cóndor, como lo pensó en un principio, hubiera gastado aproximadamente 2,1 millones de dólares menos, monto del supuesto ‘sobreprecio’.

El Ministerio de Defensa, señaló que el programa televisivo hizo la comparación de la granada, primero, con un documento venezolano de 2017. Luego, especifica que la granada que la empresa vendió a ese país es de 225 gramos. La que el Ministerio compró es de 430 gramos. Por lo tanto, el Ejecutivo advierte que por eso se justifica el costo de Bs 270 cada una, y sostiene que el documento venezolano no puede ser utilizado para justificar un ‘sobreprecio’.

Además, la granada comprada, según el Ministerio, tiene triple acción, mientras que la adquirida por Venezuela es más simple. También la repartición estatal, comparó la cotización realizada por la empresa a la que se adquirió el material este año con la de la empresa Livorno, que fue solicitada y comprada en 2018 por el Gobierno del MAS y en el documento se puede comprobar que ambas tienen el mismo precio: Bs 270.

La cartera de Defensa, sostuvo que la ley 400 la facultó para la compra amparada en el artículo 48: “El Ministerio de Gobierno remitirá al Ministerio de Defensa los requerimientos aprobados de importación de armas de fuego, municiones y otros artefactos y materiales relacionados de uso policial para la autorización de importación”.

Además, la Aduana le faculta para hacer una importación rápida, como los decretos 4090, 4116 y 4168.

 

 

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